Con la participación de tres alcaldes distritales; Tinguiña, Los Aquijes, Los Molinos, se llevó a cabo la reunión convocada por la plataforma de Defensa Civil de la provincia de Ica , presidida por el Alcalde Carlos Ramos Loayza.
De trece alcaldes distritales con los que cuenta la provincia iqueña, sólo asistieron las autoridades ediles cuyos distritos se verían afectados por el posible desborde del río Ica que actualmente presenta 17 puntos críticos desde Los Molinos hasta Ocucaje. Los burgomaestres trasmitieron su preocupación por el escaso presupuesto que manejan.
Si bien Ica es una de las regiones declaradas en emergencia por la presencia del fenómeno del niño, sólo llegaría a la región un millón y medio de soles de los 150 millones que el gobierno nacional ha destinado para ejecutar acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente y de rehabilitación, además de la vigencia de 60 días del estado de emergencia.
Sobre la indiferencia de los alcaldes en acciones de gestión de riesgo de desastres, el biólogo Stive Marthans Castillo, Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ica, señaló que no sólo es en Ica provincia, situación similar se ve en las provincias de Chincha y Pisco donde los representantes de las comunas no asisten y delegan a funcionarios que no tienen capacidad de decisión.
Denunciaran a alcaldes por omisión de deber funcional
Así de claro habló el Fiscal Provincial de Prevención del Delito de Ica, Dr. Pedro Ely Del Carpio Soto al informar que desde el mes de febrero se ha cursado seis oficios a la Municipalidad Provincial de Ica y al comité de Defensa Civil para que den a conocer los puntos vulnerables que presenta el río Ica sin que hasta el momento reciba respuesta alguna.
Asimismo dio un plazo de 05 días hábiles a todos los alcaldes distritales para que informen el trabajo que vienen realizando para disminuir el riesgo ante la presencia del fenómeno el niño, caso contrario será investigado por omisión de deber funcional.
Del Carpio alertó a las autoridades que de producirse daños contra la vida personal y afectación a la propiedad pública y privada tendrán consecuencias penales, sumado a las civiles y administrativas. «Es así como el Ministerio Público va estar atrás bajo los parámetros legales y no esperar que se repita lo del año 98» dijo el fiscal.
No se convoca a la sociedad civil
Mientras las autoridades ediles muestran una débil articulación y poca capacidad de respuesta, la sociedad civil no está siendo convocada, mucho menos informada de las reuniones, pese que sólo quedan 5 meses de acción y preparación.
Maura Gastelú, Responsable del Proyecto Comunidades Rurales organizadas frente al cambio climático que ejecuta Codehica en la Región, expresó que las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho que aportar y no son convocadas.
Gastelú recordó que el reglamento establece la participación de las organizaciones de la sociedad civil deben estar presentes en reuniones donde se ve la seguridad y protección de la población.
Asimismo señalo que desde Codehica y la Red de Mujeres Autoridades se han venido generando espacios de articulación con las autoridades para que pongan en marcha acciones que disminuyan los riesgos y eviten que la población de Ica sea la mas afectada.
