Con la participación de tres alcaldes distritales;  Tinguiña, Los Aquijes,  Los Molinos, se llevó a cabo la reunión convocada por la plataforma de Defensa Civil de la provincia de Ica , presidida por el Alcalde  Carlos Ramos Loayza.

De trece alcaldes distritales con los que cuenta la provincia iqueña, sólo asistieron las autoridades ediles cuyos distritos se verían afectados  por el posible desborde  del río Ica que actualmente presenta 17 puntos críticos desde Los Molinos hasta Ocucaje. Los burgomaestres  trasmitieron  su preocupación por el escaso presupuesto que manejan.

Si bien Ica es una de las regiones declaradas en emergencia  por la presencia del fenómeno del niño, sólo llegaría a la región  un millón y medio de soles de  los 150 millones que el  gobierno nacional  ha destinado  para ejecutar acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente y de rehabilitación, además de la vigencia  de 60 días del estado de emergencia.

Sobre la indiferencia de los alcaldes  en acciones de gestión de riesgo de desastres, el  biólogo Stive Marthans Castillo, Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ica, señaló que no sólo es en Ica provincia,  situación similar se ve en las provincias de Chincha y Pisco donde los representantes de las comunas no asisten y delegan a funcionarios que no tienen capacidad de decisión.

Denunciaran a alcaldes por omisión de deber funcional

DSCN9237Así de claro habló el Fiscal Provincial de Prevención del Delito de Ica, Dr. Pedro Ely Del Carpio Soto al  informar  que desde el mes de febrero se ha cursado seis oficios a la Municipalidad Provincial de Ica y al  comité de Defensa Civil para que den a conocer los puntos vulnerables que presenta el río Ica sin que hasta el momento reciba respuesta alguna.

Asimismo dio un plazo de 05 días hábiles a todos los alcaldes distritales  para que informen el trabajo que vienen realizando para disminuir el riesgo ante la presencia del fenómeno el niño, caso contrario será investigado por omisión de deber funcional.

Del Carpio alertó a las autoridades que de producirse  daños contra la vida personal y afectación a la propiedad pública y privada tendrán consecuencias penales,  sumado a las  civiles y administrativas. «Es así como el Ministerio Público va estar atrás  bajo  los parámetros legales y no esperar  que se repita lo del año 98» dijo el fiscal.

No se convoca a la sociedad civil

Mientras las autoridades ediles muestran una débil articulación y poca capacidad de respuesta,  la sociedad civil no está siendo convocada, mucho menos informada de las reuniones, pese que  sólo quedan 5 meses  de acción y  preparación.

Maura Gastelú, Responsable del Proyecto Comunidades Rurales organizadas frente al cambio climático  que ejecuta Codehica en la Región, expresó que  las organizaciones de la sociedad civil tienen  mucho que aportar y no son convocadas.

Gastelú recordó que el reglamento establece la participación de las organizaciones de la sociedad civil deben estar presentes en reuniones donde se ve la seguridad y protección de la población.

Asimismo  señalo que desde Codehica y la Red de Mujeres Autoridades  se han venido generando espacios de articulación con  las autoridades  para que pongan en marcha  acciones que disminuyan los riesgos y eviten que la población de Ica sea la mas afectada.