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Inacción del estado impide solucionar problemática en Espinar

Luego de seis meses de ocurrido el conflicto social en Espinar y de la ampliación de competencias supraregionales a fiscales de la región Ica, para efectuar investigaciones sobre estos acontecimientos, estos aún no han dado fruto alguno.

El principal argumento utilizado por el Dr. Cesar San Martin Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al efectuar esta acción fue la declaratoria de estado de emergencia en Espinar, lo que ponía en peligro la integridad de los fiscales.

A la fecha esta situación es contradictoria, Oscar Mollohuanca alcalde de Espinar gestiona en su pueblo, a instalado la mesa de diálogo con participación de las comunidades campesinas, la empresa minera Sxtrata y el Estado peruano con el fin de llegar a acuerdos para la solución de la problemática que existe.

Entonces al no haber emergencia, el proceso tendría que llevarse en Cusco respetando el derecho al juez natural que asiste a los involucrados.

Serenos de Espinar

Miguel Jugo secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acompañado del Dr. Víctor Alvarez abogado de la misma institución y la Dra. Mercedes Alcántara abogada de Codehica alertaron sobre la inacción que existe de parte del estado para solucionar esta problemática.

El Dr. Jugo expresó “reclamamos una eficiente investigación y administración de justicia, ya que hay retraso en las investigaciones”, los defensores de derechos humanos quienes llevan la defensa colegiada de los serenos de espinar y el alcalde Mollohuanca cuestionan que la carpeta principal con los documentos con las investigaciones han sido entregadas a varios fiscales del ministerio público de Ica, sin embargo estas han sido devuelto, argumentando que este hecho tiene que ser conocido solo pon un Fiscal.

A la fecha son 41 las personas investigadas, el Procurador Público Especializado para el delito de Terrorismo, Milko Alberto Ruiz Espinoza ha solicitado se habrá la investigación preliminar sobre presunta comisión del delito de terrorismo, el Dr. Alvarez representante de la coordinadora nacional de derechos humanos refiere esto tiene nombre propio, busca deslegitimizar la protesta social criminalizándola y amedrentando a líderes y lideresas sociales para evitar alcen la voz cuanto se pretenda perjudicar los intereses de sus comunidades.

Finalmente los abogados dijeron que en septiembre debió haberse realizado una diligencia en Espinar y por falta de presupuesto esta no se hizo, reciñen será posible en enero.

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