El Grupo Colina fue un escuadrón de la muerte cuyos miembros operaron en el Perú en distintos destacamentos desde los años 80’ hasta inicios de la década de 1990 implicado en violaciones contra los derechos humanos. El grupo fue dirigido por el capitán del Ejército peruano Santiago Martín Rivas. El grupo fue parte de una estrategia denominada Guerra de baja intensidad, y aún está en discusión si dicha estrategia fue o no política del Ggobierno de turno.
Según el informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, las acciones del Grupo Colina fueron las siguientes:
MATANZA DE BARRIOS ALTOS
El 3 de noviembre de 1991, el Grupo Colina ingresó a un solar ubicado en el jirón Huanta 840 en Lima y asesinó a catorce ciudadanos pobres confundiéndolos con terrorista.
En este grupo de asesinados por el Grupo Colina está incluido un niño de ocho años, Javier Ríos Rojas. Fue un operativo dirigido a asesinar a senderistas que hacían una pollada en el solar, pero en el segundo piso.
La Sala Penal Especial Permanente de la Corte Suprema, dispuso la eliminación de delito de lesa humanidad y la rebaja de la penas a los implicados en los procesos judiciales por la matanza de los Barrios Altos y los asesinatos extrajudiciales de Pedro Yauri y de los campesinos del valle del Santa.
En consecuencia, redujo de 25 a 20 años la condenas a los autores intelectuales de estos casos como Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y Juan Rivero Lazo. Y de 25 y 22 años para Carlos Pichilingue y Santiago Martín Rivas, cabecillas del Grupo Paramilitar Colina. Asimismo, absolvió al integrante del Grupo Colina e implicado en este caso, Segundo Pinto Cárdenas (Ver recuadro).
EL SANTA
Desaparición de campesinos de Santa en Chimbote. El 2 de mayo de 1992, el Grupo Colina, encabezado por Santiago Martín Rivas, secuestraron y desaparecieron a diez campesinos en el valle del Santa: Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzáles, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More. La masacre habría sido instigada por intereses privados a través de Nicolás Hermoza Ríos.
MASACRE DE LA CANTUTA
El 18 de julio de 1992, el Grupo Colina, encabezado por Rivas, asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad la Cantuta esto ocurrió 2 días después del ataque Senderista en Tarata.
LA PRIMERA Sala Penal Especial sentenció el 8 de abril del 2008 a cuatro ex militares por la matanza de nueve estudiantes y un profesor durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
El general del Ejército en retiro, Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), fue condenado a 35 años de prisión por homicidio calificado y desaparición forzada de personas. La sala también sentenció a 15 años de cárcel, por los mismos delitos, a los ex integrantes del grupo militar Orlando Vera Navarrete, Fernando Lecca Esquén y José Alarcón González.
ASESINATO DE PEDRO HUILCA
El 18 de diciembre de 1992 el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú(CGTP), Pedro Huillca Tecse fue asesinado por un grupo de encapuchados en la puerta de su residencia del distrito de Los Olivos en Lima, se determinó posteriormente que fue víctima de Sendero Luminoso.
Investigaciones policiales realizadas por la DINCOTE.
En marzo del 2006, la Sala Penal Nacional para casos de Terrorismo concluyó que existen una serie de evidencias que indicarían que el destacamento Colina, por orden del gobierno fujimontesinista, asesinó al dirigente sindical Pedro Huilca Tecse, el 18 de diciembre de 1992. Por este motivo, el tribunal especial absolvió ayer a los tres jefes senderistas y otros cuatro jóvenes acusados por la Policía del asesinato de Huilca Tecse.
MARIELA BARRETO
Asesinato de Mariella Barreto, quien fue pareja de Martín Rivas y su muerte sería una venganza en contra del jefe del Grupo Colina.
AUTO AMNISTÍA PARA EL GRUPO DE ANIQUILAMIENTO
En 1995, ante la perspectiva de hacer frente a nuevos procesos penales por violación de derechos humanos, el gobierno de Alberto Fujimori promulgó una Ley por la que se concedía amnistía general al personal militar, policial y civil que se encontrara denunciado, investigado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los fueros común o privativo militar.Es decir, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980.
De esa forma los oficiales condenados y presos por el crimen de “La Cantuta” el 16 de junio de 1995 fueron excarcelados y con ellos 51 militares involucrados en graves casos de violación de derechos humanos como la matanza de los penales de Lurigancho y de Santa Bárbara en 1986.
INDICA CARLOS RIVERA
La denuncia será esta semana
Rivera estimó que en el transcurso de la presente semana el Instituto de Defensa Legal (IDL), en representación de los organismos de protección de los derechos humanos en el Perú, presentará la documentación correspondiente ante el Consejo Nacional de al Magistratura (CNM) que acreditará ladenuncia anunciada contra el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, y el resto de sus integrantes que votaron a favor de esta cuestionada sentencia.
RECUSARON A VARIOS MAGISTRADOS
Así fue la estrategia de Javier Villa Stein
La recusación de los magistrados titulares Duberli Apolinar Rodríguez Tineo, Elvia Barrios Alvarado, José Antonio Neyra Flores, José Bayardo Calderón Castillo, integrantes originales de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que atendió los casos judiciales por la matanza de Barrios Altos y las ejecuciones extrajudiciales de los campesinos del Santa y Pedro Yauri, fue parte de una estrategia planificada para favorecer a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes como el Grupo Colina, Vladimiro Montesinos y su mafia.
Así lo señalaron a LA PRIMERA la abogada de Aprodeh, Gloria Cano; y el representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, al afirmar que la maniobra legal planteada por los procesados fue diligentemente acogida y sancionada por el titular de dicha Corte, Javier Villa Stein.
“Han estado recusando a los magistrados desde diciembre del año pasado y hasta marzo de año, mientras que los respectivos reemplazos fueron designados en los meses de abril y mayo del presente año”, especificó.
Rivera recordó que al ser dichos magistrados reconocidos por su probidad, se buscó que apartarlos deliberadamente del caso, a fin de obtener la cuestionada sentencia que acaba de expedirse y que consagra la impunidad y favorece a los asesinos.
Informó que los vocales que votaron en este controvertido fallo son, aparte Javier Villa Stein y de Josué Pariona Pastrana, los magistrados Jorge Luis Salas Arenas, Francisco Miranda Molina y Segundo Baltazar Morales Parraguez”, detalló.
Por su parte, la abogada de la parte civil de las víctimas de la matanza de Barrios Altos, Gloria Cano, coincidió con Rivera en que la estrategia de los implicados en estos crímenes, especialmente los integrantes del Grupo Colina, fue desde un primer momento la recusación de los vocales Rodríguez Tineo, Barrios Alvarado, Neyra Flores y Calderón Castillo.
Para ello se basaron en que no debían conocer esta sentencia y se les apartase
“Y, una vez consumada la separación, Villa Stein convocó a estos tres vocales supremos suplentes para conformar la Sala con él”, anotó.
Tomado de diariolaprimeraperu.com