Por José De Echave

Los apellidos Santos Chocano juntos nos refieren a la poesía en el Perú, sin embargo en la actualidad están sobre todo ligados a temas como el agua y la minería. Los presidentes regionales, Santos de Cajamarca y Chocano de Tacna, vienen librando una dura batalla desde sus respectivas jurisdicciones por la defensa del agua y cuestionando la gravitante presencia de la minería en sus territorios.

El cajamarquino Santos ha estado en el candelero en los últimos meses alrededor del caso Conga. Se le ha dicho y acusado de todo: ultraizquierdista y enemigo de la inversión, falso ambientalista y hasta enemigo del país. Su militancia política es la evidencia que se muestra. El proceso de revocatoria contra Santos está abierto, a lo que se le suman la denuncia en el Tribunal Constitucional y una Contraloría que revisa minuciosamente hasta la caja chica del gobierno regional de Cajamarca para descubrir los malos manejos y el supuesto financiamiento a la Marcha Nacional por el Agua.

El problema es que el mismo argumento no funciona con Tito Chocano, el presidente regional de Tacna. Nadie lo puede acusar de izquierdista, todo lo contrario: antes de ser presidente regional, ha sido dos veces alcalde de Tacna por un movimiento regional conservador, también ha sido congresista por Somos Perú y la derechista Unidad Nacional.

Sin embargo, Chocano acaba de ponerle el pare al primer ministro Valdés, que seguramente le había garantizado al presidente Humala que esta vez el caso Tacna lo solucionaba sin mayores contratiempos. Otra vez le falló el cálculo al primer ministro; lo cierto es que el presidente de Tacna rechazó la semana pasada los millones que le ofrecían para financiar diversos proyectos en su región y le ha dicho al gobierno y a la minera Southern que el agua no es negociable. Por lo tanto la ampliación de Toquepala sigue paralizada hasta nuevo aviso.

Todo indica que se sigue sin entender la real dimensión de los conflictos vinculados a la minería y al manejo de recursos claves como el agua. Asesores y analistas, ahora cercanos al gobierno, sufren de una suerte de daltonismo y siguen viendo rojo por todos lados. La tesis central sigue siendo la del complot cuando lo que existe es una agenda legítima que espera ser atendida con reformas, nuevas políticas públicas y un marco institucional que, por ejemplo, acerque las instancias del Estado central a las regiones. Esa es la tarea pendiente y si se avanzara en esa dirección sonaría finalmente a pura poesía.