INPE 'tira la pelota’ a Poder Judicial en el caso Fujimori 

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, sacó ayer un nuevo argumento respecto del cambio de régimen penitenciario al procesado Alberto Fujimori, quien se benefició cuando lo pasaron del Régimen Cerrado Especial al Régimen Cerrado Ordinario.

Indicó que el 10 de enero pasado le envió un oficio al presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, solicitándole información acerca de los internos que se encuentran procesados por estar presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

Agregó que, a raíz de ese pedido, el Poder Judicial le ha estado remitiendo información sobre los procesados con esa condición, pero que hasta la fecha no ha recibido ningún detalle respecto del ex presidente Alberto Fujimori.

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Peláez ordena investigar facilidades carcelarias de Santa Anita.

Mientras la fiscal de la Nación dice que flexibilización no tiene sustento. Investigación está a cargo de fiscal provincial de Santa Anita.

A Pedido del fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales, la fiscal provincial de Santa Anita, María Flores Dávila, jurisdicción en la que se ubica el centro de reclusión de Alberto Fujimori, inició una investigación preliminar al cambio en su régimen penitenciario.

Peláez indicó que la fiscal revisará la normatividad legal en la materia y entrevistará al director del penal de Barbadillo, Alejandro Castro Ángeles, y los integrantes del Órgano Técnico Penitenciario que reevaluaron a Fujimori.

Mientras, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, planteó al INPE revisar su decisión de flexibilizar el régimen carcelario del sentenciado Alberto Fujimori. "Creo que es un tema que debe ser revisado. Se vienen dando explicaciones o justificaciones sobre la decisión adoptada (la flexibilización del régimen de Fujimori) que no tienen sustento", señaló.

"En realidad, a nosotros no nos compete opinar en el tema de orden administrativo. La ley le asigna esta facultad al INPE", comentó.

EL DATO
Pedido. La abogada Gloria Cano, de Aprodeh, solicitará a la Sala Penal que juzga a Fujimori que indague en el cambio de régimen penitenciario adoptado por el INPE
 

FUENTE: DIARIO LA REPUBLICA

¿Y ahora quién nos salva de este Congreso?
                                                                                 Autor: Santiago Pedraglio

Decir que el Congreso de la República requiere de una reforma urgente es una reiteración tan trillada que corre el riesgo de irse directo al costal de las frases gastadas y al baúl de los deseos que no se cumplirán ni cuando San Juan baje el dedo. Sin embargo, la indecorosa elección de la última Mesa Directiva y el permanente fraccionamiento de la UPP no dejan otro camino más que insistir en el asunto.

Más claro, imposible: es imprescindible modificar las normas que determinan la forma de elección de los parlamentarios. En Lima se elige a 35 parlamentarios, que equivalen a cerca del 33% del total, pero que representan a todos y a nadie.

 ¿Qué votante limeño puede ir a buscar a “su parlamentario”? Esto sucede porque los congresistas por Lima son, en la práctica, parlamentarios nacionales, una diferencia sustantiva respecto de los parlamentarios elegidos en los departamentos; en este caso, los electores tienen por lo menos la posibilidad de quejarse y demandarles cumplimiento. Los medios de comunicación regionales, por ejemplo, ejercen sobre ellos una vigilancia permanente. En Lima no pasa nada semejante, pues los parlamentarios, cabe repetirlo, se deben a todos y a ninguno.

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Defensoría lanza unidad anticorrupción

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentará hoy al Equipo Anticorrupción de la Defensoría del Pueblo y esto coincide con el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, sobre la posibilidad de desactivar la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), cuya ex titular, Carolina Lizárraga, renunció, según informaron, por “motivos personales”.

Según se informó, el motivo de la creación del equipo anticorrupción es para que los ciudadanos adquieran la costumbre de denunciar todo acto de corrupción que se presente, a fin de poder emprender una lucha frontal contra ese flagelo.

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Redistribución de la riqueza debe lograr la inclusión económica 

Analistas saludan anuncio del gobierno.

Piden que no se caiga en el asistencialismo. Gobierno reafirma su decisión de disminuir la pobreza en 30% al final del 2011.     
  
La decisión del gobierno de redistribuir mejor la riqueza y aumentar los recursos para disminuir la pobreza un 30% al final de su gestión fue el anuncio saludado por diferentes sectores, pero una vez más se insistió en que solo se habló de generalidades.

"Si el Perú ya ha demostrado que avanza ahora deben ser los más pobres quienes avancen más", sostuvo durante su discurso el presidente Alan García. En esa línea, Propuesta Ciudadana señaló que el actual gobierno reconoció que carece de una adecuada redistribución de la riqueza y anunció su cambio.

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Nada por aquí, nada por allá…
                                                                                                   Santiago Pedraglio
 

No hubo sorpresas en el mensaje del presidente Alan García: un interminable recuento de lo actuado, cifras tras cifras que mareaban al más atento sobre carreteras y otros rubros; reiteración de propósitos, incluida nueva insinuación de juntar a los desperdigados pequeños pueblos serranos; y reconocimiento de que la inflación es un problema, pero sin anunciar medidas precisas.

Sin embargo, el mensaje adoleció, sobre todo, de objetivos. El presidente habló de carreteras construidas, pero no estableció parámetros para reconocer los avances ni señaló cuánto la construcción de unas y otras servirá para comunicar más a las poblaciones del sur o del norte del país o para poner en valor determinados productos de esas regiones.

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