Una propuesta que merece ser discutida   

                                                      Autor: Carlos Basombrío

Partamos por reconocer que con los militares procesados por derechos humanos hay un problema judicial, por la larguísima duración de los procesos y, además, uno político, por la manera en que el malestar interno que esto causa es constantemente utilizado como argumento en contra de la democracia por los sectores autoritarios y militaristas de la sociedad.

Frente al problema hay que buscar alternativas serias y justas. La amnistía del congresista Édgar Núñez no es ni lo uno ni lo otro. Es legalmente imposible, políticamente inviable y éticamente inaceptable. Peor, todavía, cuando se ha sustentado con información groseramente falseada, como ha explicado la defensora del Pueblo.

Coincido, sin embargo, con el premier Yehude Simón cuando, cuestionando la amnistía, señala que la propuesta de Cabanillas (que contaría con el respaldo de varias bancadas) es diferente a la amnistía de Núñez y merece ser analizada con mayor atención.

Se plantea crear una comisión ad hoc que proponga al presidente indulto, conmutación de pena o derecho de gracia a militares y policías que “hayan sido sentenciados por el fuero común o militar con base en elementos probatorios insuficientes, que permitan presumir, razonablemente, ausencia de responsabilidad en el delito cometido”. Se excluye, expresamente, “hechos que constituyan grave violación de los derechos humanos, tales como tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y desapariciones forzadas”.

La comisión tendría 120 días de funcionamiento, prorrogables por una sola vez, y estaría presidida por un representante del Ministerio de Justicia e integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, de los ministerios de Defensa y del Interior, del Ministerio Público, de la Iglesia Católica y del Concilio Nacional Evangélico.

Tal como está formulada, se trata de una propuesta que merece mayor atención y discusión desapasionada. Es verdad que el debate sería mucho más sencillo y las sospechas de que lo que se busca es impunidad serían menores si no hubiera tenido lugar, en los mismos días, el grosero maltrato, en la misma Comisión de Defensa, a Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad. Tampoco ayuda nada la actitud desafiante y prepotente del comandante general del Ejército, que no ha asistido a seis citaciones fiscales en una investigación por corrupción en su contra, originada en un informe de la Contraloría General de la República.

Su actitud refuerza la percepción de que los militares creen que pueden estar y actuar por fuera de la ley.

FUENTE: DIARIO PERU 21