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Dictan 5 meses de prisión preventiva en contra de Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar

Dictan 5 meses de prisión preventiva en contra de Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar

El primer Juzgado de investigación preparatoria de Ica, declaró fundado el requerimiento de privación de la libertad al Alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca, por instigador ante los hechos ocurrido en dicho distrito.

Son 5 meses, el tiempo que dure las investigaciones a cargo del Ministerio Publico, el Juez de esa sala Dr. Miguel Angel Cririnos Cruz dispuso el internamiento del procesado en el Penal Cristo Rey de Cachiche.

Ramiro Alatrista abogado del Alcalde de Espinar expreso su rechazo a la manera abusiva como fue detenido y cuestiono los 18 meses de prisión preventiva que solicito el Ministerio Publico a a su patrocinado.

Por peligro de obstaculización de la verdad de parte del procesado Oscar Mollohuanca, por el nivel de representatividad y haber influido en la convocatoria de los hechos de Espinar, es que el Dr. Miguel Angel Chirinos, Juez de el Primer Juzgado de investigación preparatoria del distrito  judicial  Ica dispuso la detención inmediata del procesado por un lapso de 5 meses, tiempo en que duren las investigaciones.

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Un comentario

  1. El video que se anexa, muestra la consumación de un acto jurisdiccional anticonstitucional, abusivo y prevaricador, que no se queje Ollanta Humala si esto, le va a significar ir a hacerle compañía a fujimori.
    Para efectos del real conocimiento de lo que viene sucediendo en nuestro Perú, pido tener en consideración las siguientes normas:
    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
    Artículo 138°.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la
    Constitución y a las leyes.
    En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.
    Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

    3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
    Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

    CÓDIGO PROCESAL PENAL
    LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA
    Artículo 39 Procedencia.- La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el normal por la ley, ni
    desarrollo de la investigación o del juzgamiento, o cuando sea real o inminente el peligro incontrolable contra la seguridad del procesado o su salud, o cuando sea afectado gravemente el orden público. (*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 28482, publicada el 03 Abril 2005, se establece la vigencia en todo el país, del Artículo 39 del presente Código Procesal Penal.
    Artículo 268 Presupuestos materiales.-
    1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:
    a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
    b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y
    c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

    CÓDIGO PENAL
    Artículo 418.- Prevaricato
    El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

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