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El Informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en la Ciudad de Colón los días 19 al 24 de octubre, que será presentado en los próximos días, arroja 213 presuntas víctimas de violación a sus derechos humanos.
Detenciones arbitrarias; trato cruel inhumano y degradante; uso indebido y desproporcionado de la fuerza letal; y la creación de un escenario bélico donde fuerzas militares de frontera y aeronaval, reprimieron manifestaciones pacíficas.
Según el comunicado enviado a OCLACC, el Ministerio Público debe completar la investigación penal de las violaciones descritas en los Informes de Derechos Humanos que sobre estos sucesos se están realizando.
Esta institución no debe repetir su omisión, como lo hizo frente al Informe de Changuinola, así como del Informe sobre la las protestas contra la Minería e Hidroeléctricas en la Comarca Ngobe-Bugle y en las Provincias de Chiriquí y Veraguas. «Esta denegación de justicia constituye una violación de las normas internas como las normas del derecho internacional de los derechos humanos», afirma el comunicado.
Los organismos proponen crear las bases de un diálogo permanente que incluya la atención y reparación a las víctimas y las medidas que deben tomarse a lo interno de los estamentos de seguridad pública para que estos abusos en el uso de la fuerza no se repitan. «En este escenario, el pueblo colonense debe tener sus voceros directos, para construir una propuesta real de desarrollo, cuya eficacia se mida con la concreción de acuerdos alcanzables, eficientes y bajo control social de los actores del diálogo», plantean.
Las organizaciones sociales saludan el inicio del diálogo y se comprometen a acompañar al pueblo Colonense será en el seguimiento a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, «para que estos hechos no se vuelvan a repetir ni en Colón ni en ninguna otra provincia o comunidad del país».
El comunicado es firmado por el Centro de Estudios y Acción Social Panameño, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas, la Comisión de Justicia y Paz, el Centro de Asistencia Legal Popular- Colón, el Instituto Raúl Leis y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que suscriben el comunicado cuentan con más de diez años de trabajo ininterrumpido, en especial por la defensa de las poblaciones más empobrecidas y socialmente excluidas del País.
Con información de la Arquidiócesis de Panamá
Tomado de oclacc.org
