Relatora Especial de la CIDH - Catalina Botero
Lima, 26/03/2012 (CNR) — El Instituto de Defensa Legal (IDL) denunció ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una nueva y grave amenaza al derecho de libertad de expresión en el país por la posible condena que se perpetraría en contra del director de Diario 16, Juan Carlos Tafur y del periodista Roberto More.
La misiva, dirigida a la Relatora Especial, Catalina Botero, y enviada el pasado viernes 23 de marzo del 2012, tiene como finalidad dar a conocer a la CIDH que el Juez del 12° Juzgado Penal de Lima, José Rolando Chávez Hernández, estaría a punto de sentenciar a los hombres de prensa por la denuncia que les impuso el general en retiro Antonio Ketín Vidal Herrera, por la publicación de un informe que involucraba a este general con la familia Sánchez Paredes, grupo vinculado al narcotráfico.
Asimismo, el IDL alerta a la CIDH sobre las irregularidades que ha venido llevando el proceso y el peligro que aun existe para los periodistas de recibir una sentencia condenatoria. “Si bien la lectura de sentencia se suspendió debido a irregularidades procesales en la que habría incurrido el juez –el magistrado no escuchó los Informes Orales de la defensa, hecho a todas luces arbitrario y anómalo- el peligro de ser condenados está todavía latente”, refiere el documento.
Para el IDL la denuncia contra ambos periodistas no tiene sustento pues la nota periodística, publicada el 12 de enero del 2011, y titulada “Policía vincula a Ketín Vidal con los Sánchez Paredes. Documento secreto revela que el héroe de la captura del siglo abogó por el clan trujillano durante la investigaciones policiales por lavado de activos”, basa su información en documentos policiales.
Solo con el titular se puede advertir que el diario basa la nota periodística en un documento policial; sin embargo, para el general Vidal Herrera, el informe no solo lo difama sino que lesiona su derecho al honor.
El general Vidal Herrera expresa en su escrito que -con el mencionado informe- el periodista tendría como único objetivo sugerir que su persona es un “corrupto, mafioso, manipulador, ladrón delincuente, aprovechador”, y demás adjetivos que, en ningún momento, han sido consignados en el artículo periodístico.
Además, el denunciante asegura que tanto el director del diario como el periodista autor de la nota, han iniciado una “campaña sistemática de difamación y descrédito” en su contra. Sin embargo, nadie podría afirmar que la publicación de un solo artículo puede significar la existencia de una “campaña sistemática” en contra de alguien.
El IDL teme que este hecho sea otro intento más de manipulación o instrumentalización de la justicia para perseguir intereses privados contra periodistas que – como en el caso de Diario 16 – ha quedado demostrado que su accionar responde al ejercicio de la libertad de expresión.
Por ello, el IDL solicita a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pronunciarse en forma urgente sobre este nuevo caso que amenaza a la libertad de expresión en el Perú. “Estamos seguros que ello puede contribuir a ilustrar al Poder Judicial peruano sobre los estándares interamericanos que sobre el particular debe tomar en cuenta, a fin de que rectifique esta inminente sentencia condenatoria”, concluye el documento.
Fuente: Prensa IDL
Tomado de CNR.org.pe
