Según un nuevo registro realizado por COMISEDH en más de cien distritos de este departamento, existen por lo menos 4.052 sitios de entierro en Ayacucho, casi el doble de lo que encontró la CVR hasta el 2003. Esta cifra actualizada representa más del 60% de los sitios a nivel nacional.
Hasta agosto del año 2003, la CVR registró más de 4 mil sitios de entierro de las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000). De este grupo, 2.234 pertenecían al departamento más afectado por la violencia: Ayacucho. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) revela que existen 1.818 sitios adicionales a los que inicialmente fueron registrados y que solo en esta región del país la cifra llega a 4.052.
En estos lugares clandestinos, estarían enterradas por lo menos 8.660 víctimas. Lo más probable es que existan más cuerpos, según el registro actualizado que efectuó un equipo de investigadores de COMISEDH después de la desactivación de la CVR como resultado de la visita de un centenar de distritos en Ayacucho.
Para ubicar los sitios de entierro, el equipo de investigadores entrevistó a miles de familiares, sobrevivientes y testigos de excepción de los años de violencia. Los hallazgos del registro actualizado y el diagnóstico de lo que ha avanzado el Estado en la última década para recuperar los restos de las víctimas, aparecen en el libro “Los muertos de Ayacucho. Violencia y sitios de entierros clandestinos“, que presentará COMISEDH este martes 28 de agosto a las 7 de la noche en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Plaza Bolívar s/n – Pueblo Libre, Lima).
Esta investigación espera ser un aporte para el Estado, que hoy realiza las intervenciones forenses sin un registro actualizado de sitios de entierro y que en diez años apenas ha recuperado unos 2 mil cuerpos de las víctimas a nivel nacional, según las cifras oficiales. A este paso se necesitaría en el mejor de los casos unos 80 años para recuperar a las 16 mil víctimas que el Instituto de Medicina Legal (IML) calcula que existen de manera subestimada. Y mucho tiempo más para identificarlos y entregarlos a sus familiares.
“Hay una enorme deuda con las víctimas. Ninguna democracia puede fortalecerse, ningún país puede reconciliarse con su pasado, sin recuperar a sus muertos e investigar estos crímenes”, aseguró Carola Falconí, directora ejecutiva de COMISEDH y jefa del equipo de investigadores que actualizó el registro de sitios de entierro.
Los 2.064 cuerpos exhumados representan solo el 13% del universo total de víctimas que por lo menos existirían en estos sitios. Las cifras son similares en el departamento más afectado: los 1.196 restos exhumados en Ayacucho representan el 14% de las 8.660 víctimas que como mínimo estarían inhumadas.
Retraso y falta de planificación
La información actualizada del registro permite pensar en proporciones y saber en qué zonas de Ayacucho se concentraría el mayor número de sitios de entierro. Así, se observa que la tercera parte de los sitios de entierro de Ayacucho tiene como escenario la provincia de La Mar, donde estarían los restos de aproximadamente 2.666 víctimas.
La Mar es la provincia más golpeada de las once que existen en Ayacucho: concentra el mayor número de víctimas inhumadas, y es la segunda, si se hace un ranking de acuerdo al número de sitios clandestinos registrados por COMISEDH. Sin embargo, no es la provincia con el mayor número de exhumaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal, entidad estatal encargada del tema. Lamentablemente, el Estado no cuenta con un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico Forenses que permita planificar y priorizar las intervenciones tal como recomendó la CVR hace nueve años. El documento aún aguarda ser aprobado por la Fiscalía de la Nación.
El libro de COMISEDH también revela que si bien el IML ha incrementado el número de cuerpos recuperados, de los 1.196 restos exhumados en Ayacucho, sólo 49% fueron identificados a partir de los métodos de la antropología y odontología forenses. Además, existe una gran demora para identificar los restos vía ADN. Por ejemplo, en los casos Parcco Pomatambo y Llusita, que fueron investigados y denunciados por COMISEDH, los familiares llevan aguardando seis años desde que se exhumaron los restos de las víctimas.
En el caso Río Blanco, se espera desde hace cuatro años la identificación por ADN de las 25 víctimas. Desde julio del 2011, los pobladores de Soras aguardan la identificación de cuatro personas que murieron en la masacre del Cabanino. Los familiares siguen esperando acceder a la verdad, la justicia y una reparación integral del Estado.
Ante este panorama, a casi diez años del Informe Final de la CVR, el libro incluye los puntos de vista y recomendaciones de la sociedad civil y las diversas instituciones del Estado involucradas en el tema con miras a elaborar un plan de investigaciones antropológico forenses para Ayacucho, donde se concentra más del 60% de los sitios de entierro de las víctimas de la guerra que dejó el mayor número de muertos en los 180 años de vida independiente en el país.
