En 20 años miles de personas huyeron de la sierra a causa de la violencia política abandonaron sus lugares de origen escapando del terror y muerte ocasionada por militares y terroristas. Hoy 32 años después viven asentados mayoritariamente en la costa. Ica se convirtió en región receptoras de estas familias desplazadas, quienes viven agrupados en asociaciones en las cinco provincias.
Familias que a diario batallan para lograr que el Estado y la sociedad peruana los reconozcan como víctimas de la violencia política y les permita acceder a los beneficios que la ley del Programa Integral de Reparaciones 28592 otorga.
Así el domingo en el distrito de San clemente, Pisco, se realizo una ceremonia hecha en el marco del Día de la Reconciliación Nacional. El alcalde Carlos Palomino, al cabo del Izamiento compartió con las familias y se comprometió a establecer una mayor relación con estas personas e implementar políticas públicas a favor de ellas.
En la ceremonia estuvo la Dra. Mercedes Alcántara responsable del área de Promoción y derechos humanos de Codehica, quien acompaña a las familias en la zona.
Durante el acto simbólico, los hermanos Roberto, Saúl, Yeni, Fidel y Raida Ventura Eslava junto a su mamá la señora Valeria Eslava de Ventura, además de Olinda Asto Llalle, Catalina Tello Ipume y María Chipana Salas, recibieron acreditaciones del Consejo Multisectorial de Alto nivel.
En teoría estos reconocimientos otorgados por el Estado garantizan a quienes sufrieron a causa de la violencia política no sean revictimizados, sino que se cumpla en otorgar beneficios en salud, educación y vivienda.
Sin embargo la realidad actual es otra, cientos de familias viven en condiciones deplorables en las que son pocas las oportunidades de trabajo a las que acceden, situación que no ha cambiado 32 años después.