No hay nada de radical en decir eso: no estoy diciendo “no a la minería”, estoy diciendo NO a este proyecto específico.
¿Por qué? ¿Por necio? No, al contrario, por argumentos concretos y sensatos.
Primero, porque cuatro lagunas naturales no se pueden reemplazar por reservorios artificiales. Eso está claro: no es lo mismo. Las lagunas son un ECOSISTEMA, con múltiples y complejas conexiones entre el agua y los demás elementos vivos y no vivos. Además, las lagunas de toda la zona donde se piensa realizar el tajo abierto se conectan con las nacientes de los ríos y derivan sus aguas, tanto de manera superficial como subterránea, hacia las partes inferiores de la cuenca. El propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA) lo señala, al indicar la presencia de “gradientes de agua subterránea que descienden de las cumbres del altiplano a los valles de los cursos de agua”. El EIA reconoce que el proyecto “tiene el potencial de impactar tanto la calidad como la cantidad de los flujos de las quebradas aledañas” y que “representaría una variación en los niveles de infiltración, en la distorsión de los flujos hidrogeológicos como consecuencia (de) presas que cortan casi en su totalidad el flujos subterráneos”.
¿Queda claro este punto? Se va a destruir lagunas que se conectan de manera subterránea con las partes superiores e inferiores de la cuenca, y esos flujos serían cortados “casi en su totalidad”. No lo digo yo.
¿Qué propone el EIA de Conga? Que ese problemita se puede solucionar construyendo cuatro reservorios “de mayor capacidad”. En efecto, el dato es impresionante: los reservorios que construiría la empresa tendrían una capacidad de 10 830 000 metros cúbicos de agua, versus los 2 600 000 que albergan actualmente las cinco lagunas que desaparecerían.
Pero estos reservorios servirán para captar agua de LLUVIA. Eso es lo que tiene que quedar bien claro: los reservorios no sirven para reemplazar de manera integral los servicios medioambientales que brindan las lagunas naturales, los bofedales que las rodean y todo el ecosistema circundante –como lo ha sugerido el propio ministro de Ambiente. Sólo sirven para guardar agua de lluvia, agua superficial. ¡Y eso está muy bien! De hecho, nadie se opone a la construcción de los reservorios, que efectivamente permitirían equilibrar la disponibilidad de agua a lo largo del año. ¡Que se construyan los reservorios! Pero ¡que NO se destruyan las lagunas!
Porque las lagunas no son baldes de agua ni recipientes, como muy bien explica Marco Arana en esta entrevista.
Esa es la diferencia entre un simple enfoque ingenieril tradicional y un enfoque ECOSISTÉMICO. Ollanta Humala se ha hecho merecedor al premio “la frase más tonta del año” cuando dijo, en su discurso : “exigimos a la empresa a que no vengan a hacer reservorios de cemento, queremos la construcción de lagunas modernas para ese trasvase con tecnología de punta, y en ese sentido exigimos a la empresa que haga un mayor número de lagunas”. Lamentablemente, el ser humano aún no ha aprendido a hacer lagunas.
El proyecto Conga se basa en enfoques del siglo XIX y XX (“el ser humano es capaz de reemplazar a la naturaleza” y “los elementos de la naturaleza no tienen relación entre sí y los podemos modificar a nuestro antojo”) que no son capaces de enfrentar el principal desafío del siglo XXI: la disponibilidad de agua en un contexto de cambio climático.
Suena bonito decir “oro y agua”. Pero es imposible cuando el oro está exactamente DEBAJO del agua, como en este caso.
Hay un par de razones adicionales para decir NO a Conga.
Por un lado, que el proyecto no cumple con la Ley. Así es. Lo que pasa es que en el Perú nos hemos acostumbrado a que sólo se cumpla la parte de la Ley que le conviene a algunos grupos poderosos. Pero así como la Ley dice que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprueba los EIA, la Ley también dice que las regiones establecen su zonificación económica y ecológica (ZEE). Pues bien, Cajamarca es una de las pocas regiones que ha elaborado ese estudio, que define que la zona donde se piensa realizar el proyecto es “de alta importancia hídrica”. Sin embargo, este análisis no ha sido tomado en cuenta por el MEM. La Ley también decía que las municipalidades pueden declarar “zonas protegidas”. El 2004, la Municipalidad de Celendín declaró como “zona protegida” el área de influencia de Conga. Tres años después, el 2007, Alan García dio un decreto supremo quitando a los municipios esa atribución. Ya sabemos que las leyes no son retroactivas, claro, pero parece que a veces sí. Por último, la Ley (de recursos hídricos) dice que “el Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas” y que “la Autoridad Nacional (del Agua, ANA), con opinión del Ministerio del Ambiente, podrá declarar zonas intangibles en las que no se otorgará ningún derecho para uso”.
Es decir, la Ley también ampara a los que nos oponemos a Conga. Pero, como dijo Stanislaw Jerzy Lec, “todos somos iguales ante la Ley pero no ante los encargados de aplicarla”.
Por último, hay un serio problema de credibilidad. No a Conga, también, porque ¿quién le cree a Yanacocha? Claro, podemos abstraernos, irnos al mundo de las ideas y no a la historia concreta. Pero si vemos el prontuario de Yanacocha, una empresa cuyos “services” de seguridad han hecho seguimiento parapolicial a líderes ambientalistas (uno de los cuales fue asesinado en circunstancias que aún no han sido aclaradas), una empresa que empezó con un proyecto que implicaba desaparecer cuatro lagunas y que ya ha destruido más de 20, una empresa que derramó mercurio y luego pasó piola, ¡en fin! Son demasiados casos como para hacer tabula rasa. En estas cosas también cuenta la trayectoria.
El proyecto Conga se basa en enfoques del siglo XIX y XX (“el ser humano es capaz de reemplazar a la naturaleza” y “los elementos de la naturaleza no tienen relación entre sí y los podemos modificar a nuestro antojo”) que no son capaces de enfrentar el principal desafío del siglo XXI: la disponibilidad de agua en un contexto de cambio climático.
Un antes y un después
Conga marcará un antes y un después en el Gobierno de Ollanta, como lo han entendido desde Aldo Mariátegui y la CONFIEP hasta Gregorio Santos y Marco Arana.
Aún no se cruza el rubicón, para usar la metáfora de Aldito M.
De hecho, hasta antes del discurso de Ollanta esta semana, las reacciones habían sido bastante cautas, y el ministro del Ambiente ha ofrecido una revisión del EIA que todos estamos esperando. Lo que ha hecho Ollanta, salir a dar declaraciones como las que ha dado sin contar con el informe del ministerio de Ambiente, ha sido cuando menos audaz. Y ha demostrado, sinceramente, ignorancia y torpeza en varias de las cosas que ha dicho.
Pero todavía se puede rectificar. Tan simple como que el ministerio del Ambiente emita un informe técnico y se decida en base a eso. EN BASE A ESO, y no al monto de inversión, a los compromisos, a Pensión 65 o al gravamen. O, si se quiere más neutralidad, que el EIA se envíe a la UNOPS, cosa que hasta Alan García hizo con el proyecto Tía María. Por cierto, en aquella ocasión el organismo internacional hizo 138 observaciones al estudio, demostrando que realmente los criterios que usan el Estado peruano son risibles.
Ojo, repito: aquí no se trata de ser “antiminero” o “prominero”. Para el caso, ambas posturas son ideológicas. AMBAS. Se trata de juzgar si Conga va. Todo indica que, si Conga va, la población va a sufrir escasez de agua en los próximos 15 o 20 años, y eso que aún no hay un modelo matemático elaborado por SENAMHI sobre los efectos del cambio climático en la zona. Entonces, la pregunta de fondo es: ¿este Gobierno es capaz de poner los intereses de campesinos concretos por encima de los proyectos de inversión de una empresa?
Esa es la pregunta. Porque si se trata de conseguir plata, pues que le cobren los impuestos a la Telefónica, que hagan la reforma tributaria y que luchen contra la corrupción, que fue lo que se prometió en campaña. Ese fue el compromiso electoral, no Conga.
Ollanta ha dicho que no acepta chantajes de nadie. La prensa de derecha lo ha interpretado como chantajes de la población en pie de lucha. Pero ¿no es un chantaje decir “si no va Conga peligra el gravamen minero”? Ese es el verdadero chantaje.
Tenemos derecho a exigir
En algunos espacios se ha vuelto una especie de lugar común rechazar a los que critican o burlarse de los que “esperaban algo”. Son dos extremos que llevan a lo mismo.
Por un lado, parece ser que si uno es crítico a Ollanta “le hace el juego a la derecha”. Cosa más absurda: este es un proceso en disputa, todos lo sabemos, y así como la Sociedad Nacional de Minería tiene derecho a mover todas sus fichas para presionar al Gobierno, nosotros, el 30% que votó por un cambio en primera vuelta, también tenemos derecho a presionar, si es necesario con movilización social, para que ese cambio se haga realidad.
Por el otro lado, algunos señalan que “Ollanta nunca fue de izquierda” y que si esperábamos un cambio de modelo hemos sido unos ilusos. Pues ese es otro absurdo. Aquí Ollanta no tiene que ser de izquierda para respetar el derecho al agua de la gente. Tampoco tiene que haber un cambio de modelo para que un proyecto específico no sea aprobado. Simplemente le exigimos a Ollanta no sólo que cumpla con sus promesas, sino que cumpla con el rol que tiene el Estado: garantizar los derechos de los ciudadanos.
*Este artículo fue publicado originalmente en Alerta Perú.
Por Paul E. Maquet
Tomado de Revista Ideele
Tomado de derechoshumanos.pe